martes, 27 de julio de 2010

SISTEMA PENAL COLAPSADO

EL MERCURIO 27/07/2010

Los testimonios de los trabajadores de un sistema colapsado:
Gremios de Gendarmería hacen un duro diagnóstico de las condiciones carcelarias

Los presidentes de las cuatro asociaciones de funcionarios penitenciarios dan cuenta de los problemas en los penales. Se enfrentan a diario al hacinamiento, escasez de personal, falta de infraestructura y nulos programas de rehabilitación.  

ÓSCAR SAAVEDRA y GIOVANNI CALABRANO 
Son quienes más conocen de las cárceles y sus problemas. Conviven a diario con los reos y el hacinamiento, la insuficiencia de infraestructura y la escasez de equipamiento. Son los oficiales, suboficiales, funcionarios, directivos, profesionales y técnicos de Gendarmería.
Sus representantes, los presidentes de las cuatro entidades gremiales que agrupan a los trabajadores penitenciarios, entregaron ayer un diagnóstico de la situación en las cárceles.
A marzo de 2010, según un informe de la Fundación Paz Ciudadana (FPC), los penales del país albergaban a 54.613 reos, cuando su capacidad real estaba diseñada para 34.016. Es decir, una sobrepoblación de 60,6%.
El problema del hacinamiento en las cárceles, insoluble para los gobiernos anteriores, se acrecentó aún más con el terremoto del pasado 27 de febrero.
Ayer, en una visita a una cárcel en la Región del Biobío, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, actualizó el dato: en este momento, la sobrepoblación alcanza al 70% (ver recuadro).
Bulnes fue instruido hace unos días por el Presidente Sebastián Piñera para que evalúe el estado de los penales, los internos y los funcionarios penitenciarios.
Ministro Bulnes: hacinamiento en penales llega al 70%
El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, aseguró ayer en la Región del Biobío que las tasas de hacinamiento en el sistema carcelario chileno llegan a un 70%. Es decir, donde la capacidad es para 100 reos hay 170 internos, lo que reconoció como un tema de preocupación para el Gobierno.
Durante su visita al penal El Manzano de Concepción, donde hay 1.745 reclusos en una cárcel diseñada para mil reos, Bulnes dijo que su cartera ya inició un plan para constatar las condiciones en las que se encuentran los 54.613 presos del país, según cifras de la Fundación Paz Ciudadana.
Dicho plan partirá por revisar los sistemas de visitas, la atención en salud, alimentación y horas de encierro de los internos. Su objetivo, agregó el titular de Justicia, es ver “cómo podemos ir solucionando, a nivel nacional, las distintas deficiencias y estrecheces que viven al interior de los penales”.
Entre las mejoras inmediatas se dispuso reponer literas faltantes, frazadas y colchones, entre otros. “Son cosas que pueden parecer pequeñas, pero que para quienes están viviendo una realidad carcelaria les hace una gran diferencia”, agregó Bulnes.
En el mediano y largo plazo, el Ministerio de Justicia ampliará los penales existentes y rediseñará los que estaban en proceso de ejecución para aumentar su capacidad. Bulnes dijo que insistirá en la construcción de nuevas cárceles, argumentando que el hacinamiento “no es compatible con una política de respeto a los derechos humanos que nosotros queremos impulsar”.
A estas obras proyectadas se suma la reconstrucción de las cárceles dañadas y destruidas por el terremoto de febrero, las que pese a sus daños deberán seguir funcionando mientras no sean reemplazadas. En Biobío, la región que sufrió más daños en sus penales por el sismo, el Gobierno invertirá este año $1.200 millones para recuperar infraestructura carcelaria.
De ese monto, $450 millones serán destinados a reparaciones en El Manzano, el penal de Los Ángeles será demolido para construir uno nuevo y en Chillán se hará otra cárcel.
Esta última se levantará en un terreno de 30 ha. en Chillán Viejo, para sacar el penal del centro de la ciudad, donde estaba ubicado hasta ahora.
Respecto de la situación de los gendarmes, Bulnes dijo que hará lo posible por sacar este año la Ley 20.426, que regula a los funcionarios penitenciarios. “En las condiciones de hacinamiento de los recintos penales, es vital una mayor cantidad de funcionarios”, afirmó.
$ 1.200 millones se destinarán a recuperar penales dañados en el Biobío.
Oficiales: “Faltan recursos en todos los sentidos, administramos en la pobreza”
El mayor Christian Alveal, presidente de la Asociación Nacional de los Oficiales Penitenciarios (Anop), planteó que “faltan recursos en todos los sentidos: infraestructura, recursos humanos, de tipo tecnológico;, administramos en la pobreza”.
Alveal, quien estudió ingeniería comercial en la Utem, señaló que “como oficiales tenemos el mando, tenemos que mantener el orden en los penales, somos los responsables de aquello, y obviamente es muy difícil que eso se logre si los recursos que disponemos son bastante más escasos de los que necesitaría cualquier persona. La pobreza es un tema que nos complica en demasía para lograr la misión institucional”.
El oficial sostuvo que “en promedio, el nivel de hacinamiento es cercano al 70%”.
“El terremoto generó el cierre de varias unidades penales, 10 recintos quedaron destruidos y 20 seriamente dañados, y eso lamentablemente agudizó el hacinamiento”, agregó.
Funcionarios: “De cada diez internos que salen en libertad, ocho reinciden”
Pedro Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), explicó que “el principal problema del sistema penitenciario es la reincidencia. Si tuviéramos menos reincidencia, tendríamos menos gente en las cárceles”.
Hernández, sargento 1° con 25 años en la institución, sostuvo que “de cada diez internos que salen en libertad, ocho reinciden... No hay rehabilitación, ésta ha sido nula en los centros penales”.
El suboficial apunta que “es una consecuencia de los niveles de hacinamiento, porque no tenemos lugares para salas de clases, para llevar a los internos que aprendan”.
“Los menguados recursos que Gendarmería recibe año a año obligan a no poder hacer rehabilitación... Se entregan recursos para administrar a casi 50 mil reos, pero la realidad es otra. Son 54 mil reos cumpliendo condena, pero hay una población flotante de casi 50 mil más”, indicó Hernández.
Suboficiales: “La situación de la Región Metropolitana es crítica”
El sargento Juan Marechal, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog), expuso que “hay regiones que son más críticas, dentro de esas está la Región Metropolitana”.
Afirmó que “en Santiago tenemos cárceles como la Penitenciaría, en que la sobrepoblación alcanza un 300%; hay 7 mil reos, en circunstacias que la cárcel está acondicionada para 2.300”.
Añadió que “en el caso del COF (Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín), igual situación, es la cárcel que alberga más mujeres en Latinoamérica. En principio albergaba 800 personas, fue modificado para 1.200, y en la actualidad está cercano a las 3.000”.
Marechal advierte que “en un sistema penitenciario moderno, cada tres reos debiera haber, por lo menos, un funcionario de vigilancia y, actualmente, en el país tenemos 7,5 reos por efectivo”.
“El sistema está sufriendo una situación delicada, estamos muy lejos de tener la cantidad de funcionarios para cubrir las necesidades de un buen servicio”, dijo.
Profesionales y administrativos: “Se descuida el concepto de rehabilitación”
Arturo Sandoval, presidente de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería (Adiptgen), expresó que “tenemos una sobrepoblación penal, una infraestructura insuficiente, una carencia de personal uniformado y no uniformado, y creo que un déficit severo en la formación del gendarme, respecto de la misión que tiene la institución”.
Explicó que “están convencidos de que la labor primaria y fundamental en el sistema penitenciario solamente es la vigilancia y la seguridad, y se descuidan las tareas de la custodia de la población penal y el concepto de rehabilitación”.
A su juicio, la noción de seguridad que se les entrega a los gendarmes es “extremadamente básica; debiera ser mucho más integral. El funcionario que está a cargo de la cadena, las esposas, del candado, tiene que tener claro hacia dónde el sistema debe conducir a las personas”.
“No se han establecido los equilibrios entre las tareas de rehabilitación y la vigilancia”, concluyó.

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