Dos Dirigentes Nacionales del P.R.I., que vienen del regionalismo, fueron expulsados mediante resoluciones del TRIBUNAL SUPREMO que atentan gravemente contra las normas básicas del debido proceso, universalmente aceptadas por todo el mundo democrático y contempladas, taxativamente, en la letra d del artículo 24° de los Estatutos del partido y en la misma letra del artículo 28° de la Ley 18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos.
No sólo son los Estatutos sino que, también, la Ley 18.603 los que han sido groseramente violentados, como queda claramente en evidencia en el propio texto resolutivo del Tribunal Supremo.
Extrañamente el dirigente máximo de la colectividad, Adolfo Zaldívar Larraín, dice no saber nada al respecto, pese a que la Directiva Central tiene haber sido informada de la resolución, y a que ésta se ha hecho públicamente conocida.
Considerando, que las transgresiones a los Estatutos ya es una práctica común que se ha institucionalizada en el Partido Regionalista de los Independientes, es justo pensar que algún miembro de la Directiva Central, algún parlamentario – legisladores y fiscalizadores –, o algún Consejero General o Presidente Regional, todos en conocimiento detallado de lo sucedido y del documento resolutivo del Tribunal Supremo, así como de los argumentos de los descargos y antecedentes que los respaldan, transcritos, textualmente e in extenso, en este medio informativo, algo tendrán que decir en el próximo Consejo General sobre las bárbaras arbitrariedades que se están cometiendo sin que nadie, hasta ahora, levante la voz para protestar, a pesar que la institucionalidad partidaria ha sido reiteradamente quebrantada y la dignidad personal esté en juego.
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