Claudio Rivera Canihuante, Presidente de la Alianza Independiente Regionalista (AIRE)

Los regionalistas frente a indulto bicentenario propuesto por iglesias Católica y Evangélica al gobierno de Sebastián Piñera

EL QUE ESTE LIBRE DE CULPA QUE LANCE LA PRIMERA PIEDRA

Por: Claudio Rivera Canihuante

Abogado regionalista. Presidente de AIRE

La propuesta de indulto de las Iglesias con motivo del Bicentenario, ha generado un fuerte debate. Ha sido sorprendente la dureza de expresiones de los distintos actores políticos, incluso antes de conocer la propuesta entregada al gobierno estos últimos días. Cualquiera sea el juicio, no puede en caso alguno criticarse a instituciones profundamente éticas cumplir su misión; y menos dudarse de la honestidad y transparencia con que han actuado. Demás está señalar que la propuesta, en caso alguno está referida a hechos que merecen el repudio nacional tales como violaciones a los derechos humanos, delitos violentos, narcotráfico y otros que por su naturaleza nadie podría consentir que se perdonaran.

El tratamiento del indulto y la vehemencia con que se han manifestado las opiniones contrarias, demuestra que la sociedad chilena, representada especialmente por aquellos que tienen acceso a los medios de comunicación, no está aún en condiciones de perdonar. Sin embargo, ello debe ser también un tema de reflexión, si algún día queremos cerrar las heridas del pasado y asumir la responsabilidad que nos cabe frente a la inequidad e injusticia social.

La división efectuada entre delitos cometidos por militares y civiles para revisar el perdón, nos lleva a hacer algunas reflexiones; las que no pretenden justificar la actuación de quienes cometieron los delitos y menos ser irreverentes frente al dolor de las víctimas y sus familiares, o relativizar la actuación de las instancias jurisdiccionales. Se trata más bien, de comprender que la sociedad la hacemos los unos con los otros; y la delincuencia, como otros males sociales, tales como la corrupción, la drogadicción, la cesantía, la indigencia, se dan en contextos sociales que de una manera nos comprometen a todos.

Respecto de los delitos cometidos por militares, conviene recordar que en los años 1972 y 1973, el gobierno incorporó a las fuerzas armadas a su gabinete como una manera de mantener la institucionalidad. Por su parte la oposición de la época encabezada por la Democracia Cristiana y los partidos de la derecha, declararon ilegal el gobierno; y sus seguidores lanzaban maíz al paso de las fuerzas armadas por no intervenir militarmente y dar el golpe de Estado derrocando el gobierno de Salvador Allende.

Es en este contexto en el que se produce el golpe de Estado; y las fuerzas armadas se aparecieron a instancias de agentes políticos que consideraban el levantamiento militar como la única solución posible frente a un gobierno que se desmoronaba por razones económicas y políticas. La historia muestra a algunos de los principales líderes de la DC justificando el golpe de Estado de 1973; mientras algunos líderes de la Unidad Popular llamaron a defender con las armas la revolución iniciada por Salvador Allende. Siete años más tarde en 1980, el partido Comunista llamó a derrocar el gobierno militar por la vía armada, situación compartida con una gran parte del Partido Socialista.

Conviene recordar el heroico trabajo de la Iglesia Católica chilena, encabezada por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, protegiendo y amparando a los perseguidos por la dictadura militar; aún a costa de la integridad personal de sus colaboradores, quienes sufrieron en carne propia el rigor de los organismos de seguridad de la época. Esta situación de inseguridad se vivió incluso hasta inicios del régimen democrático de don Patricio Aylwin.

Nada puede justificar la tortura, represión, secuestros y asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar; pero después de más treinta años tal vez sea posible encontrar casos especiales que merezcan compasión. Es posible que los que pertenecimos a la Unidad Popular o a la oposición de la época, no hayamos cometido ningún atentado contra los derechos humanos; pero ciertamente somos responsables de generar una crisis política cuya resolución hoy día todos lamentamos.

En cuanto a los delitos comunes, existe la tendencia a creer que la delincuencia se disminuye con penas más duras y más cárceles, aún cuando los tratadistas dicen lo contrario. De hecho las cárceles son escuelas del delito, sin que exista evidencia de reales posibilidades de reinserción de los presos que han cumplido con su condena. Cualquiera que haya tenido la experiencia de ir a un recinto carcelario sabe que los presos están recluidos en condiciones sub humanas; y las humillaciones y dramas de los familiares y amigos que los visitan, hacen que la pena no la sufra solo el delincuente, sino todos quienes están vinculados a él.

El no perdonar no es un mensaje a la delincuencia. Debe entenderse que el delincuente común por definición es un individuo que no respeta normas, razón por la cual no es un interlocutor que esté escuchando lo que diga la autoridad; porque se siente al margen de una sociedad que ha sido injusta con él.

Cuando la encuesta CASEN indica que el número de pobres ha aumentado, más allá de las explicaciones, nos está diciendo que hoy hay más gente a quienes sus ingresos no alcanzan para comer. Nuestro país está generando una masa creciente de marginados, de la educación, del trabajo, de la salud, del bienestar social; y ello constituye no solo el lamentable resultado de un sistema que no tiene piedad con los pobres, sino también un pésimo pronostico del comportamiento de la delincuencia. En este sentido, la pobreza y la marginación es también un atentado contra los derechos humanos que como sociedad debemos abordar y en el que actualmente somos todos responsables.

La Iglesia Evangélica desarrolla un loable trabajo en las cárceles para llevar La Palabra a los reos, que en muchos casos es el único gesto amable que éstos han recibido en su vida; de manera tal que tiene la autoridad moral para proponer el perdón para algunos condenados por la sociedad. Tal vez , con la misma vehemencia con que hemos escuchado el porqué no perdonar, podríamos preguntarnos si por acción u omisión , no somos también responsables directa o indirectamente que muchos chilenos cometan delitos que todos aborrecemos.

Cuando hayamos adquirido la certeza de nuestra absoluta inocencia e inimputabilidad en los males sociales de nuestro país, podremos condenar con propiedad a nuestros hermanos. Si por el contrario, asumimos nuestra responsabilidad y nos sentimos lo suficientemente culpables como para no lanzar la primera piedra; no podremos sino agradecer a la Iglesia Católica chilena, cuya acción en defensa de los derechos humanos en el período del gobierno militar, le confieren la autoridad moral e histórica para proponer un camino de reconciliación nacional por el bien de Chile. Por su parte, el conocimiento de la Iglesia Evangélica del mundo de las cárceles donde a diario desempeñan su misión, hace que su propuesta sea un mensaje limpio y puro que pretende aliviar el dolor humano de algunos presos.

La propuesta de indulto no borra la pena ni el delito, sino que simplemente es un mejoramiento de condiciones a personas que se encuentran en situaciones de enfermedad terminal o muy mayores, unidas a una tipología de delitos y estado del cumplimiento de penas. Así la realización de un gesto amable a un condenado próximo a morir, nos hace recordar a Violeta Parra cuando en sus versos nos dice “al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero”.

No nos corresponde definir en qué condiciones o a quienes debe perdonarse; pero sí hacer los esfuerzos para lograr una sociedad inclusiva y solidaria, para recuperar a aquellos que han cometido delitos y especialmente evitar que otros lleguen a cometerlos, porque la Patria somos todos.